Se trata de la “Oficina Central de Juicios por Jurados” que se ocupará de todas las cuestiones prácticas relativas a la aplicación de este sistema para causas penales.

La nueva oficina centralizará el listado de jurados por cada departamento judicial y realizar todas las gestiones relacionadas.

Además, la Oficina deberá observar posibles incompatibilidades de los ciudadanos candidatos, recibir las observaciones que los ciudadanos pudieran efectuar sobre los nombres de los designados y resolver sobre la inclusión o exclusión de los mismos.

También se ocupará de analizar periódicamente las necesidades de jurados por Departamento Judicial y de solicitar al Ministerio de Justicia el sorteo adicional de ciudadanos en caso de ser necesario.

En mayo último, 11.384 ciudadanos fueron designados para integrar los jurados populares que comenzarán a funcionar en la provincia de Buenos Aires para juzgar a acusados de delitos con penas mayores a 15 años de prisión.

No podrán ser jurados, y deberán consignarlo en la declaración jurada, aquellos ciudadanos que desempeñen cargos públicos por elección popular o con rango equivalente o superior a director, en el Estado nacional, provincial o municipal, o en entes públicos, ni los representantes de órganos legislativos de los tres estamentos.

Tampoco los funcionarios o empleados del Poder Judicial nacional o provincial, integrantes en servicio activo o retirados de las fuerzas de seguridad, del Servicio Penitenciario, los directivos de agencias de seguridad privada y quienes hubiesen sido cesanteados o exonerados de la administración pública nacional, provincial o municipal o de las fuerzas de seguridad.