El Gobierno Municipal de Olavarría hace pública su postura, a raíz de las declaraciones periodísticas conocidas en las últimas horas tras la sentencia del TOC Nº 1 de Azul, y que lleva la firma del juez Joaquín Duba, por la cual Guillermo y Osvaldo Sosa fueron beneficiados con prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme, a pesar del reclamo de las víctimas.

El Gobierno Municipal de Olavarría informa que respecto a este caso el Secretario de Desarrollo Social, Cristian Delpiani, tras un pedido de audiencia por parte de las victimas del caso, mantuvo un encuentro donde puso a disposición de las mismas todas las herramientas con las que cuenta el Municipio para atender este tipo de casos. En dichos encuentros las víctimas no aceptaron dichas herramientas, dejando al Gobierno Municipal imposibilitado de tomar acciones concretas y directas.

Este Gobierno Municipal trabaja de manera sostenida desde las distintas áreas a los efectos de brindar contención, asesoramiento y asistencia a la victimas de violencia o abuso, para esto fue creada la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género de la que intervienen distintas organizaciones de la comunidad.

De igual manera, y a través de un convenio con el Juzgado de Familia de Olavarría, el Municipio adquiere Botones de Pánico que son puestos a disposición de víctimas, cuando los mismos son requeridos por la Justicia, siendo esta la encargada de administrarlos en cuanto a su otorgamiento.

Una vez entregados, los botones de pánico son monitoreados los 365 días del año, a través del Centro de Monitoreo Municipal, y en caso de activación, se trabaja inmediatamente, y de manera coordinada con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En la actualidad, se encuentran en funcionamiento más de un veintena de dispositivos, y el Municipio continúa abierto a cumplir con entregas cuando la Justicia lo requiera.

El Gobierno Municipal deja en claro, respecto al caso, que las acciones judiciales adoptadas son absoluta responsabilidad del Poder Judicial. Es la Justicia la que aplica las penas y es la Justicia la que debe hacerse responsable de su accionar. Cualquier respuesta respecto a la situación procesal de los acusados, en este repudiable episodio, deben ser requeridas en los estrados judiciales.

Nuestra posición, como espacio político, ha sido oponernos a la baja de penas que han querido proponer a través de la modificación del Código Penal, impulsado por el Gobierno Nacional y otras fuerzas políticas, y al mismo tiempo ratificamos que en estos casos se debe ir camino a un endurecimiento de  las sanciones previstas en la normativa vigente en la Argentina.

No avalamos la impunidad como así tampoco nos hacemos responsables de las acciones que otros poderes del Estado determinan.

Los acontecimientos hechos públicos en las últimas horas a través de los medios nacionales de comunicación no hacen más que provocar la revictimización de la familia y en nada colabora a la solución efectiva del conflicto.

Por último el Gobierno Municipal deja en claro que en los últimos días los medios nacionales lejos de colaborar en conocer la verdad se han preocupado por montar un show mediático distorsionando los hechos.

En este sentido, solicita que ante estos casos los medios de comunicación se interioricen e informen de manera acabada con los organismos competentes, a fin de brindar información veraz, permitiendo de esta manera respetar la integridad y la intimidad de las víctimas.