La presencia de Kicillof en la UNPAZ volvió a poner en debate el acceso al derecho a la salud en un contexto de crisis social y avance de la medicina privada. Aunque habló de que el Estado debe tener mayor injerencia, en los hechos se demuestra que lo único que se garantiza son las ganancias de los dueños de la salud.

 Por Anabela Colli*

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este lunes de una Jornada por el Derecho a la Salud que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Desde allí, se debatió sobre el fracaso de la aplicación de las teorías neoliberales  en la gestión de las políticas sanitarias. El gobernador sostuvo que “no podemos resignarnos a que alguien nos diga que la salud solo va a estar cuando es negocio. Tenemos que debatir, y sobre todo tenemos que ir a pelear para que el derecho a la salud sea un derecho para todos y todas”.

Esta frase va en sintonía con el concepto de una mayor injerencia del Estado que tenga como objetivo disminuir la magnitud de las inequidades generadas en el sistema sanitario. Sin embargo, esta teoría “estatista” de la salud choca todos los días con la realidad: presupuestos a la baja, salarios bajo la línea de pobreza y precarización laboral, falta de insumos y profesionales. Mientras para la tribuna son estatistas, mantienen y ejecutan políticas que lo único que hacen es garantizar el negocio lucrativo de la salud.

Presupuesto recortado

Uno de los factores que han permitido la inequidad en el acceso a la salud pública han sido los recortes presupuestarios de los últimos años llevados a cabo por el gobierno del Frente de Todos. Lo que no dice el gobernador bonaerense es que el cumplimento con los pagos de deuda al FMI se tradujeron en ajustes.

Recordemos que el presupuesto a la salud del 2021 sufrió un recorte del 16% y fue trazado negando la continuidad de la pandemia priorizando los pagos de la deuda.

El deterioro del sistema sanitario argentino no es obra del actual gobierno. En los últimos 60 años, tanto en  las dictaduras como en las gestiones radicales y  peronistas, se han realizado políticas de desfinanciamiento que tuvieron  como principales beneficiarios a las grandes empresas de medicina privada, a la industria farmacéutica y a los seguros privados.

Esta situación deja en claro quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores. Mientras que en el Hospital Zonal de Agudos “Domingo Mercante”, ubicado en José C. Paz, no hay otorrinolaringólogo en su  guardia porque no hay otoscopios, la industria farmacéutica  facturó más de 135.000 millones de pesos en el segundo trimestre de 2021 según un informe del INDEC, aumentando más del 75% en comparación con el 2020. En tres meses la Industria farmacéutica ganó el equivalente al presupuesto nacional de salud para el 2021.

Migración de trabajadores

La priorización de la salud privada  por sobre la pública se ve en el constante vaciamiento que recibe esta última por parte de los gobiernos. Ésta se expresa en la constante migración de profesionales hacia la medicina paga debido a los bajos salarios. En marzo, un médico bonaerense cobraba, por un cargo de 36 horas sin antigüedad y sin guardia, 172.428 pesos. Si este trabajador hacía guardia, 195.914. Son valores muy por debajo de los 273.146 pesos de la canasta consumos mínimos que elabora la Junta Interna de Ate INDEC.

La migración no solo se da por los bajos salarios, sino también porque hay diversas formas de contratación precaria en el Estado. En la provincia de Buenos Aires,  hay empleados bajo “becas de contingencias”, un sistema de contrato laboral por tiempo indeterminado donde no tienen aportes jubilatorios ni tampoco se les computa antigüedad.

Cada vez más son los profesionales del sector estatal los que deben hacer varios trabajos a la vez para poder llegar a fin de mes. La precariedad laboral y salarial impide que se sumen nuevos residentes y concurrentes al sistema, provocando una sobrecarga en quienes defienden la salud pública.

Esto repercute en la atención hacia los usuarios: guardias colapsadas, turnos para especialistas con demora de meses y, en algunos casos, deben enfrentarse a cierres de servicios. Si a eso se le suma la poca inversión en insumos y recursos para el tratamiento y diagnóstico, las trabas burocráticas y el papeleo infinito, la salud se convierte en un “privilegio” para pocos y una barrera para muchos.

Hospitales “no tan” públicos

Otra forma del avance de la mercantilización sanitaria se da en los hospitales bajo la órbita de los municipios. Con fondos provenientes de la coparticipación, intendentes oficialistas y de la oposición de derecha crean centros de atención y diagnóstico donde la atención es gratuita sólo para quienes residen en el municipio. Por ejemplo, el Hospital de Trauma Federico Abate cobra alrededor de 1000 pesos la consulta médica para quienes no vivan en Malvinas Argentinas.

La exclusión continúa además en que algunas prestaciones deben pagarse seas o no residente de la localidad. El Hospital Odontológico de José C. Paz cobra más de 4000 pesos una extracción. A su vez, este sistema de salud permite tercerizar a empresas privadas algunos servicios como los laboratorios y los de imágenes computarizadas.

Una de las fuentes de ganancias de este modelo de salud se encuentra en la precarización laboral. En el Hospital Eva Perón, ubicado en Merlo, la mayoría del personal tiene monotributo o está en planta transitoria. En el verano un residente cobraba alrededor de 77.000 pesos, mientras que una enfermera, 33.000.

El desarrollo de estos nosocomios fue acompañado por el desmantelamiento de los cierre de centros de atención primaria. La falta de insumos, personal, e infraestructura en las salas de primero auxilios ha sido enfrentada, en el caso de José C. Paz. por vecinos y trabajadores en los últimos años.Esto afecta principalmente a una población como la paceña donde, según datos del censo del 2010, casi el 48% de ella no tiene cobertura de obra social o seguro privado.

La estafa de las obras sociales

La teoría estatista que pregona Kicillof junto a su ministro de salud, Nicolás Kreplak, sostiene que el sistema de salud debe estar integrado de modo tal que se asegure a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires el cuidado integral de la salud, en los niveles de promoción, protección, recuperación y rehabilitación, con accesibilidad apropiada a cada necesidad. Sin embargo, este discurso es vacío porque no pretende atacar los intereses de las prepagas y los negocios de las obras sociales.

La fragmentación del sistema de salud argentino entre lo público, lo privado y la seguridad social permitió que las cúpulas sindicales manejen las obras sociales como una empresa de salud.  En muchos casos, ellos mismos crean empresas de medicina prepaga  y usan los mismos prestadores tanto para sus afiliados como para sus clientes.

La estafa se encuentra en que las burocracias sindicales funden sus obras sociales para recibir más fondos estatales. De esa manera, ganan de dos maneras: con la empresa de salud y negociando paritarias a la baja para que el gobierno le gire fondos para que no se pauperice más la obra social.

El organismo encargado de controlar los gastos que tienen las prepagas y las obras sociales es la Superintendencia de Servicios de Salud. Sin embargo, lo único que han permitido es dar la garantía de que el Estado le da a empresarios (gremialistas burócratas incluidos)  para aumentar las cuotas mensuales sin mejorar el servicio.

Único, gratuito y centralizado

El discurso de Kicillof en la UNPAZ  no puede sostenerse porque quienes lo defienden pertenecen a un Estado que garantiza el negocio de la salud y no tocan los intereses de sus empresarios. Gobiernan en un  espacio político que tiene a Juan Manzur quien es uno de  los representantes del lobby farmacéutico y garante de los negocios de empresarios como Hugo Sigman y Marcelo Figueiras.

Debemos conquistar un sistema de salud a la medida de las necesidades sociales: un sistema de salud único, gratuito, centralizado, bajo la órbita del Estado, con aumento de presupuesto urgente y gestionado por los propios trabajadores de la salud, expertos y usuarios.

 Esto va de la mano de cuestionar el lucro de los empresarios, recuperar los sindicatos de las manos de las cómplices burocracias sindicales y el mismo Estado que gestiona la miseria y de organizarnos para construir una nueva sociedad desde abajo, en manos de los trabajadores y pacientes, donde el acceso a la salud sea efectivo y no obedezca a la lógica de las ganancias capitalistas.

*Concejala del PTS en el Frente de Izquierda Unidad en José C. Paz