Con esta ley impulsada por la senadora provincial Sofia Vannelli y por Malena Galmarini, otorgamos herramientas a los jueces para que los juicios puedan ser más rápidos, y más ágiles.

Una de ellas es la incorporación del Índice Crianza (creado por economía durante la gestión Massa) que indica el costo económico de criar a un hijo y evita las demoras en la estimación y prueba del costo que conlleva la crianza de los niños y niñas.

Ante el incumplimiento de una obligación alimentaria, el juez o jueza, podrá de manera inmediata y con base en este índice, fijar una suma que garantice el derecho alimentario de los niños y niñas mientras se desarrolla el proceso judicial.

No podemos seguir permitiendo que el proceso judicial fuerce a las madres a demostrar cuánto cuesta criar a sus hijos, mientras los niños tienen hambre el día después de la separación.

Con esta ley, buscamos cambiar el enfoque: que el proceso deje de ser una disputa patrimonial y se transforme en una garantía de derechos humanos.
Porque en definitiva los alimentos son de los niños, son un derecho humano.

A partir de esta ley, queremos asegurar que ningún niño ni niña deba esperar ni un día más para recibir lo que es suyo por derecho: su alimentación, su futuro, su dignidad.