En referencia al tratamiento de la Ley enviada por el Ejecutivo que promueve la contratación público-privada para obras públicas, el diputado nacional del Frente Renovador, Marco Lavagna, manifestó en declaraciones radiales que “resulta claro que la Argentina necesita captar grandes inversiones para mejorar su deteriorada infraestructura, hoy uno de los principales factores que atentan contra su competitividad”. Pero destacó que, para esto, se “requiere de un mejor proyecto” en relación al texto remitido por el Senado que, tras ser tratado en Diputados, deberá ahora volver a Comisión.
En tal sentido, Lavagna sostuvo: “Tenemos una versión mejor, con eje en los refuerzos de controles, sin que por ello desnaturalice su capacidad de atender el objetivo buscado: la mejora de la calidad de la infraestructura en la Argentina”.
El diputado nacional, señaló que si bien actualmente existe y está vigente (a nivel nacional y en CABA) un régimen PPP, “este necesita ser mejorado para acotar al máximo posible los riesgos intrínsecos”. En ese sentido, consideró que “se han propuesto más de una veintena de cambios. La principal falencia que se encontró en dicha versión es que brindaba, en paralelo, tres elementos incompatibles: un objeto muy amplio, controles muy laxos y prórroga de jurisdicción”. A lo que agregó: “En este sentido, y teniendo en cuenta que el régimen vigente ya provee prórroga de jurisdicción, se trabajó muy fuertemente en modificaciones al objeto y a los mecanismos de control. También se incluyó el “compre nacional” para incentivar el trabajo argentino.”.
En paralelo a la inclusión de estos controles, Marco Lavagna, referente en temas económicos del Frente Renovador, sostuvo que “se apuntó también a brindar mayor transparencia en la totalidad del proceso: todos los contratos se cursarán por licitación pública, y la Unidad PPP deberá elaborar un Dictamen donde deberá explicitar el por qué es conveniente dicho régimen y no otro, el impacto en el empleo, en la competitividad, en la industria, en las PyMES e impacto socioambiental”. Destacó, por último, que dicho informe “deberá ser público”.
