El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, reafirmó hoy la necesidad de cambiar la ley actual del régimen de responsabilidad penal juvenil al sostener que se trata de “una ley de Videla, de la dictadura”, y que su modificación significa saldar “una deuda que tenemos con la Democracia”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó que la baja en la edad de imputabilidad será “el último punto” que se abordará en las discusiones sobre la reforma del régimen penal juvenil que comenzaron formalmente hoy en esa cartera, en un encuentro que contó con la participación de funcionarios del ejecutivo, legisladores, magistrados y representantes de la sociedad civil.

“La baja en la edad de imputabilidad será el último punto que abordaremos en esta serie de debates que vamos a sostener a lo largo de este año. Queremos poner el acento en la prevención, contención y en medidas alternativas al encierro”, señaló Garavano durante una rueda de prensa ofrecida en el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, el funcionario reconoció que el Gobierno mira “con interés” reformas que se llevaron a cabo en otros países en los cuales la edad de imputabilidad se fijó en 14 años como “en las reformas que se llevaron a cabo en Chile y España”.

Por otra parte, el funcionario reiteró que la reforma de esta ley “es una deuda que tenemos con la democracia”, porque es una norma heredada “de Videla, de la dictadura”.

Garavano encabezó la presentación de esta reunión interpoderes, en la cual se establecieron las pautas de discusión sobre cómo se implementa esta reforma.

Además, participaron de un encuentro con la prensa la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari; la diputada de la UCR María Gabriela Burgos (Jujuy), titular de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja; y los senadores del PJ-FpV Pedro Guastavino (Entre Ríos) y Rodolfo Urtubey (Salta).

“Esta reunión y el comienzo de estos debates que involucran a dirigentes políticos, a integrantes de la Justicia y miembros de las ONG’S que se dedican a la problemática están en línea con la búsqueda de diálogo y consenso que siempre impulsa el Gobierno. La falta de una legislación sobre el régimen penal juvenil que reemplace a una norma de la dictadura es una responsabilidad de todos y nos tenemos que comprometer a solucionarlo”, remarcó Bullrich.

La titular de la cartera de seguridad insistió en que uno de los objetivos de esta reforma es la creación de “un régimen socioeducativo que posea características preventivas ante el delito”.

“Lo que pretendemos es frenar el delito un paso antes de que se produzca con diversas alternativas de contención. Debemos reformar los mecanismos de encierro y producir mecanismo alternativos como puede ser la reparación de los daños. El éxito de esta reforma se logrará si se evita la reincidencia en el delito por parte de los menores”, evaluó Bullrich.

En cuanto a la reciente liberación del adolescente de 15 años sospechoso de haber asesinado al menor de 14 Brian Aguinaco, en un hecho delictivo que tuvo lugar en Flores el pasado 24 de diciembre, Bullrich aclaró que como funcionaria “no se puede intervenir en las decisiones de otros poderes”.

“Cada delito es una realidad en sí misma y no podemos medir estos casos en términos estadísticos. No debemos discutir lo que hizo el juez (Enrique Gustavo Velázquez) en esta causa. Los jóvenes deben estar alejados de la violencia y por eso necesitamos esta reforma”, enfatizó.

Por su parte, Ferrari, como integrante del gabinete de la gobernadora María Eugenia Vidal, destacó la convocatoria por parte del gobierno nacional a esta discusión y aseguró que desde la provincia de Buenos Aires se trabaja “en cinco programas destinados a la prevención de los menores”.

“Es muy importante que las provincias seamos convocadas a esta discusión, En provincia trabajamos esta problemática y creemos que la clave está en prevenir junto a los menores para que no incurran en el crimen”, apuntó.

En tanto que Guastavino ponderó el diálogo entre los distintos sectores políticos e insistió en que esta reforma se discuta por “fuera de las campañas electorales”.

La diputada Burgos opinó que la reforma del sistema penal juvenil es “una necesidad de la democracia”, y consideró que la nueva norma debe contemplar la opinión de “los sectores sociales involucrados en el tema”.

“Estos debates que comenzaran en el mes de febrero abordarán la cuestión de los valores, que es uno de los problemas centrales que tenemos como sociedad. Tenemos que darles incentivos a quienes cumplan con la ley y castigar a los que la violen. El objetivo de esta reforma es proteger a los jóvenes, que son el futuro de esta sociedad”, puntualizó Garavano.