El frente 1Pais ratificó el reclamo que inició hace dos meses con una medida cautelar colectiva, avalada por la Justicia, y cuestionó al Gobierno por no resolver el problema. “No alcanza solo con echar a la persona que quitó el subsidio”, destacó el candidato a diputado nacional.

“El Estado no es una empresa, la medida afecta a miles de personas que dependen de ese beneficio. Son vidas que la siguen pasando mal porque el Gobierno no los tienen en cuenta y los margina”, indicó también Arroyo.

Y el exviceministro de Desarrollo Social de la Nación finalizó: “El Gobierno sigue manejando muy mal el problema y marginando a miles de familias. El Estado no es un excel, cada decisión afecta a miles de personas. Hay que analizar cada caso y después tomar una medida. La sociedad es muy compleja. Hablamos de familias, de tratamientos, de medicamentos, de necesidades básicas. No pasa por echar al responsable del área, eso es para una empresa”.

En la misma línea, el Dr. Claudio Espósito, referente en Discapacidad del frente 1País, sostuvo: “Al único caso al que le devolvieron el beneficio fue al de Dora Ortíz, las otras miles de personas siguen esperando, sin poder comprar medicamentos, seguir tratamientos o sin poder comprar alimentos”.

Gracias al frente 1País, el reclamo por la quita de Pensiones por Discapacidad ganó presencia en la Justicia. Hace más de dos meses, Sergio Massa, Daniel Arroyo, Malena Galmarini y el Dr. Claudio Espósito, presentaron su apoyo extrajudicial, en los términos del artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación, al amparo colectivo, ampliación de la medida cautelar presentada en un principio por Dora Ortíz, madre de un hijo con discapacidad de 43 años.

En ese momento, la iniciativa fue avalada la UFISES (Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social) y fue finalmente aprobada por la jueza federal Viviana Piñeiro, quien -en su fallo (38976/2017) del 7 de julio- resolvió: “Hacer lugar a la medida de no innovar para que dentro de ocho días arbitre las medidas necesarias tendientes a restablecer su pensión no contributiva y la de todos aquellos beneficiarios afectados por la suspensión, que residan dentro del límite territorial de la jurisdicción antes precisada, así como el restablecimiento y pago de las prestaciones de salud, hasta tanto que el juez competente se expida sobre el alcance y vigencia de la medida aquí dispuesta (art. 2, último párrafo de la Ley Nacional 26.854)”.