El ministro de Obras Públicas de la Nación explicó por qué le pedirán a la Justicia que se anulen los contratos firmados durante la gestión macrista.
En contacto con Todo Este Ruido por Radio Provincia, dio precisiones sobre los contratos de concesión de los peajes que operan en los accesos Norte y Oeste, firmados en el año 2018 con las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO).
Indicó que “se hizo una revisión integral y una auditoría y se cumplieron todos los pasos administrativos que corresponden para llegar a este punto de proponer al Presidente la firma de un decreto que instruye a la Dirección Nacional de Vialidad a iniciar un juicio”. Consignó que concretamente pedirán “que se declaren nulas las renegociaciones y al mismo tiempo permita que la administración de estos corredores viales vuelvan al Estado”.
Katopodis significó que “no hay ningún elemento que le otorgue certeza a la existencia de una deuda que asciende a los U$S 811 millones para ambos grupos empresarios” y agregó que la misma “surge de reclamos que hacían las concesionarias al Estado Nacional por actualización tarifaria y que en 2018 resolvieron conciliar con el reconocimiento de las sumas de U$S 540 millones para AUSOL y U$S 272 millones para GCO”.
Seguido, aseguró que el acuerdo al que se arribó por esas deudas, “establecía un privilegio porque, a diferencia de todos los contratos que estaban pesificados en la Argentina, éste, de manera excepcional, se había decidido dolarizar, lo que significaba una ventaja y una rentabilidad patrimonial enorme para las empresas”. De ese modo “se iban acumulando intereses y transformando esa deuda en una suma arriba de los U$S 1.200 millones”.
El ministro enfatizó que no había ninguna razón que justificara la dolarización de los contratos “que no sea la de asegurarles una rentabilidad constante a lo largo del proceso”. De ese modo, son tres las irregularidades que se detectaron: “la determinación de la deuda sin fundamento y arbitraria en cuanto a los montos; la dolarización en contra del Estado y la prórroga, porque los contratos vencían en 2020 y arbitrariamente se decidió concederles una prórroga de 10 años que no estaba establecida en el contrato inicial y generaba un privilegio para las empresas”.
“Las empresas concesionarias vienen haciendo reclamos de actualizaciones tarifarias”, puntualizó Katopodis y consideró que “tenían como principal objetivo poder cancelar la deuda y garantizar ese crédito. En función de eso, hoy el valor del peaje llegaría a 20 veces su valor, estaríamos cerca de pagar $2 mil cada vez que pasás por la barrera, lo cual es irracional”. Esto “pone de manifiesto que el objetivo era apropiarse del Estado para hacer un negocio”.
