La directora de Asuntos Jurídicos del Senado afirmó que se trata de una resolución “inoportuna” y “violatoria de los derechos democráticos y republicanos”.

En declaraciones a Todo este Ruido, por Radio Provincia AM1270, manifestó que la decisión de la Corte Suprema sobre las elecciones provinciales en Tucumán y San Juan “es imprevista e inoportuna”, y consideró que “suspenderlas a 5 días de realizarse es tremendamente violatoria de los derechos democráticos y republicanos”.

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado afirmó que el fallo “trae diferentes inconvenientes” entre los que están “el derecho de los ciudadanos que se ve vulnerado y el de los partidos políticos en su armado de listas”. Seguido, agregó que “el caos institucional al que someten a dos provincias argentinas no tiene nombre” porque “en San Juan se van a hacer las elecciones en forma parcial, aunque la oposición ya pidió la suspensión total”, mientras que “en Tucumán no se van a hacer”.

Según la letrada, esta situación “se podría haber evitado porque hace más de un mes que los expedientes están en la Corte” y, en ese tiempo, los magistrados “podrían haber resuelto el fondo de la cuestión –es decir, si están o no habilitados para presentarse- sin dictar una cautelar”, debido a que se trata de “una cuestión de puro derecho y no hay que producir pruebas”. Por otra parte, “podrían haber dejado que se hagan las elecciones y, si resulta que los candidatos están inhabilitados, que asuman los sucesores elegidos según las leyes. En ambos casos, los vicegobernadores”.

En este marco, Peñafort manifestó que “no me cabe duda de que es un mensaje político para el peronismo”, porque de lo contrario “no se explica el por qué de una sentencia tan inoportuna y tan poco fundada, y no me cabe duda de que es un mensaje por elevación a Cristina, para decirle que no necesitan respetar los plazos ni las normas procesales” para dejar firme una sentencia como la de Vialidad.

En relación al juicio a los miembros de la Corte que se sigue en Diputados, recordó que “hace muchos años Rosatti fue ministro de Justicia y denunció a Bonadío ante el Consejo de la Magistratura por el encubrimiento de AMIA. Mucho tiempo después, una causa en la que estaba involucrado Rosatti llegó al juzgado de Bonadío, y Rosatti lo recusó y consiguió el apartamiento del juez diciendo que la denuncia entre el órgano político de control era equivalente a la denuncia penal que exige el Código Procesal Penal”. La entrevistada planteó que “teniendo en cuenta este antecedente que hizo el propio Rosatti, la Corte en su conjunto se debería haber excusado de intervenir en esta causa porque ellos fueron denunciados por los afectados: Gioja, Jaldo y Manzur, todos firmantes de la denuncia contra la Corta Suprema”.