El diputado, una de las víctimas, se refirió a la causa judicial iniciada por la utilización de información brindada por el sistema de reconocimiento facial que ya fue declarado inconstitucional.

En declaraciones a La Mecha, por Radio Provincia AM1270, el legislador nacional del FdT precisó que recibió “una notificación de parte del Ministerio Público Fiscal en el cual me informan que hicieron una denuncia penal contra el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, y que en el momento de la solicitud tenía a Marcelo D’Alessandro como ministro de Seguridad y Justicia”.

Casaretto dijo que “se armó una estructura ilegal de espionaje de personas”. Seguido, detalló el mecanismo: “El ReNaPer tiene los datos biométricos de todos los argentinos y el Gobierno porteño decidió instalar 300 cámaras en la vía pública que permiten el reconocimiento facial. Entonces pide información al ReNaPer para cotejar los datos biométricos con las personas que están circulando”.

El dirigente entrerriano sostuvo que “esto se utiliza para detectar a prófugos de la Justicia pero el Gobierno de la Ciudad armó una base de datos ilegal a partir del pedido de información biométrica de un montón de personas que no tenían causas ni nada, con especial interés hacia personalidades como el Presidente y la Vicepresidenta de la Nación, jueces, fiscales, legisladores como es mi caso, Estela de Carlotto, dirigentes sindicales”.

De esa manera, subrayó que “al acceder a los datos biométricos nos pueden detectar de manera ilegal en todos los movimientos que damos”, mientras que “la justicia ya lo declaró inconstitucional porque no se puede aplicar un sistema de seguimiento de manera indiscriminada sin control de un juez que lo disponga”.

Por último, relató que la justicia le comunicó que se encuentra entre las personalidades públicas perseguidas, cuyos datos “se pidieron el 6 de abril de 2020” y desde ese momento, a partir de “una computadora pueden seguirme cuando piso la Ciudad”.