Como resultado de un amplio operativo que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y que contó con allanamientos en siete domicilios, la Policía Federal Argentina desbarató una organización criminal que se dedicaba a la explotación sexual en locales de karaoke. Así, bajo los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación que encabeza Patricia Bullrich, siete involucrados fueron detenidos y 30 víctimas fueron rescatadas (entre ellas una menor de edad).

Por indicación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de la Dra. Alejandra Mangano, a mediados del año pasado efectivos pertenecientes al Departamento Trata de Personas iniciaron una serie de investigaciones para determinar el presunto vínculo entre la existencia de “karaokes” de origen coreano y su vinculación con delitos de explotación sexual y lavado de activos.

Fue así que uno de los ahora detenidos, de 47 años de edad y sindicado como el cabecilla de la banda,  resultó ser dueño de un comercio de dispensa de bebidas alcohólicas y de dos karaokes, adonde su sobrino se encargaba de llevar mujeres de distintas nacionalidades que prestaban servicios de “acompañantes coperas” para luego retirarse a lugares íntimos para mantener relaciones sexuales. Allí también se comprobó la concurrencia de una menor de 17 años, subordinada a una encargada, lo que generó la toma de medidas urgentes.

Para los allanamientos, la PFA dispuso un impresionante despliegue de efectivos con brigadas especializadas en la temática, grupos de contención y personal del Departamento Técnico del Cibercrimen y de la División Video y Comunicaciones Aeronaúticas para que aporten dos aeronaves no tripuladas que permitieron asegurar visión desde las alturas.

En total, tras el procedimiento siete integrantes de la organización fueron apresados y se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa judicial. Además, del resultado de las entrevistas realizadas con las víctimas, se comprobó que había indicios del delito de explotación sexual, falta total de higiene y seguridad, y otras irregularidades que motivaron la clausura de todos los comercios.

Intervino en los hechos el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la Dra. María Romilda Servini, Secretaría Nº 2, del Dr. Sebastián Martínez.