Desde grillas políticas distintas, la decisión por tener otra policía y frenar la inseguridad, que afecta a los bonaerenses, vincula los proyectos de ley del vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, y de Walter Abarca, jefe de la bancada de FPV-PJ. El primero propone la refundación integral de las policías bonaerenses, mientras que el segundo reclama el traspaso a los municipios de las unidades de esa fuerza de prevención local, creadas por resolución del ministerio de Seguridad. Ambas iniciativas se encuentran en la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios.

Con la idea de una transformación de la estructura, Gutiérrez mete el bisturí hasta el hueso en su idea al modificar la ley 13.482: unificación de las normas de organización de las policías de la Provincia, pues edifica un nuevo sistema de seguridad pública.

Acompañado por sus pares de bancada: Javier Faroni, Fabio Britos y Ricardo Lissalde- fulmina la militarización y reivindica la especialización y control civil policial, en pos de una fuerza profesional, unificada, al máximo de sus posibilidades operativas y altamente capacitada para enfrentar a la delincuencia.

Se mantiene un jefe, con funciones reales de conducción, planificación y control, y se instituye una Unidad de Coordinación Operativa, con el fin de articular a todas las policías. Se crea, asimismo, el Observatorio sobre Seguridad para el área Metropolitana, gran Buenos Aires e Interior, facultado para planificar y elaborar programas en zonas geográficas y sociales marcadamente distintas.

El proyecto desmantela estructuras y concentra la organización en esa mencionada Unidad. Elimina la Superintendencia de Seguridad y resuelve que las detenciones residuales y transitorias sean atendidas por personal de las dependencias que los alojen, hasta la entrada en vigor de las alcaidías y reasunción plena de la tarea de custodia y traslado por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

En su decisión de extenderle un certificado de defunción al actual sistema de seguridad policial, propone un comando departamental para situaciones de crisis o de urgencia; unidades aptas para intervenir en delitos como secuestros o actos de terrorismo, y, a la par, aboga por una unidad especial de lucha contra el narcotráfico.

Dedica un renglón especial a la incorporación de recursos humanos necesarios en todos los aspectos de una investigación criminal, sean médicos forenses, peritos o baqueanos.

Brega también por un cuerpo de mediadores policiales; oficinas de atención profesional a las víctimas; la obligación de revisar médicamente a todo detenido, y propicia un Centro de Ciberseguridad, a fin de abortar eventuales acciones terroristas.

Justifica el aporte de una brigada de investigaciones tecnológicas, para descubrir y reprimir a los delincuentes que usan las redes sociales o soportes tecnológicos computarizados, para consumar l grooming, estafas, juego ilegal, lavado de activos, venta y distribución de drogas y pornografía infantil.

Reivindica un control civil descentralizado y continuo, desde un código de conducta de los funcionarios públicos, porque su “evaluación no sólo será por resultados en su labores, sino también por la rectitud en cumplir con su misión”.

EL INTENDENTE, EL JEFE

Según la propuesta de Abarca, las unidades que pasen a jurisdicción comunal se llamarán Policía de Seguridad Municipal y dependerán, orgánica y funcionalmente, del intendente.

Esa fuerza trabajará en la seguridad preventiva local: protección a los pobladores y los espacios públicos, con el objetivo de impedir, frenar o acabar con delitos y contravenciones.

El pase abarca desde el equipamiento técnico, armas y municiones, indumentaria, hasta todo tipo de vehículos, sistemas de comunicación inmuebles e instalaciones.

El intendente fija los cupos de ingreso a esa policía para cada año y también aprueba el nombre y contenidos de cursos de capacitación, perfeccionamiento, especialización y entrenamiento.

Esa policía se financiará íntegramente mediante el ajuste de los porcentajes de coparticipación municipal que correspondan a los municipios que adhieran al traspaso.

Entre otros cambios, ese diputado apunta al funcionamiento de consejos regionales presididos por el ministro de Seguridad provincial y conformado por los jefes comunales de cada región que lo integre, con vistas al fortalecimiento de la seguridad preventiva.

Para Abarca, el traspaso nace en la imperiosa necesidad de responder los reclamos de seguridad pública, planteados en esa gran porción del territorio provincial, en el que se asienta más de un tercio de la población del país, con concentraciones de alta densidad poblacional, huérfanas de los servicios más básicos.

A su juicio, los municipios responden a las exigencias de proximidad y especialización para satisfacer en forma rápida a la prevención primaria de las distintas gamas del delito formulada a diario por sus vecinos.

Opina, además, que esa regulación de las policías de seguridad municipales, contribuye a definir los contornos definitivos que la autonomía municipal demanda en la Provincia, y constituye una solución realista a la acuciante situación provocada por la variedad y violencia delictiva.