El diputado del Frente Renovador, Pablo Garate, presentó un proyecto de ley por el que se prohíbe la colocación de nombres de gobernantes, símbolos, audios o imágenes que supongan promoción personal de autoridades o funcionarios públicos o identifiquen la gestión, en bienes inmuebles o muebles propiedad del Estado y en todo tipo de publicidad que se realice, tanto por los medios de comunicación social o comunicación gubernamental alternativa. La misma prohibición rige para todo mensaje micro-segmentado por redes sociales y desde base de datos.

La prohibición establecida en el proyecto del legislador del Frente Renovador también comprende a los municipios de la provincia de Buenos Aires, y se indica que la violación a ello constituye una infracción grave en el ejercicio de la función pública y hace pasible a los funcionarios públicos de la aplicación de las sanciones previstas en el régimen que les resulte aplicable en virtud del cargo o función desempeñada, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales establecidas en la legislación.

En los fundamentos, el proyecto del tresarroyense Garate, destacó que “es habitual que quien ejerce el Gobierno de un Estado caiga en el vicio de personalizar la publicidad gubernamental. Esto quiere decir, aparecer con su imagen, voz, fotografía, nombre o firma en las publicidades gráficas, por medios audiovisuales o a través de las redes sociales, así como también en la cartelería de obras, ploteos de edificios públicos o vehículos, y hasta en los presentes que se entregan desde el gobierno”.

“La publicidad gubernamental es la otra pata de la comunicación gubernamental y es en ella donde la institucionalidad debe respetarse y funcionar a pleno. Es la institución la que comunica, es el Estado el que comunica. No el soberano. No se puede permitir la promoción de una figura política con recursos del Estado –aportados por todos los contribuyentes- ni permitir la promoción personalista de un gobernador o de un intendente a través de los actos de gobierno, actos que tiene la obligación legal, política y moral de difundir institucionalmente”, completó Garate.