El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo será debatido en el recinto de la Cámara baja la próxima semana, luego que hoy obtuviera dictamen de mayoría de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
El dictamen del proyecto fue firmado por los legisladores del Frente para la Victoria, el radicalismo, el socialismo y el Movimiento Popular Neuquino.
Al presentar la iniciativa, Bossio manifestó que se trataba de un hecho de “justicia social”.
“Haber incorporado hace unos años a tres millones de nuevos jubilados al sistema en la primera moratoria es un acto de justicia social. Es un derecho que se debe ejercer, el incluir a casi medio millón de nuevos jubilados”, dijo el funcionario.
Bossio indicó que “el objetivo son los sectores de menores recursos” y que la medida “tendrá impacto en la economía y el consumo”.
El proyecto contempla la implementación de la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional a través de la regularización de las deudas de trabajadores autónomos y monotributistas para poder acceder al sistema previsional.
La medida está dirigida a toda persona que, habiendo cumplido la edad jubilatoria o que la cumpliera en los dos años de vigencia de esta norma, tenga que regularizar aportes como autónomos o monotributistas hasta diciembre de 2003.
Los dos años de vigencia que se establecen, según los fundamentos del proyecto, están fundamentados en que “este acto viene a complementar todas las políticas de inclusión social que empleó el Estado Nacional en el ámbito previsional”.
En el proyecto se prevé que la reglamentación debe establecer un mínimo de cuotas previstas que deben pagarse antes de iniciar la jubilación con el fin de demostrar voluntad de pago.
El plan de pagos es abonable hasta en 60 cuotas. El monto total de la deuda está compuesto por el capital más el interés correspondiente. Las cuotas se actualizarán por el mismo índice de la movilidad jubilatoria con el fin de mantener el porcentaje de pago mensual con relación al haber, y evitar el desfinanciamiento.
El trámite es presencial ante la ANSES o la AFIP, en el caso de inscripciones fiscales y de claves.
No se podrá acceder a este beneficio si el interesado cuenta ya con una prestación previsional contributiva de cualquier nivel de gobierno o pensión no contributiva o plan social, salvo que se trate de una prestación previsional mínima.
A fin de asegurar el acceso a quienes más lo necesitan, la ANSES podrá realizar evaluaciones socioeconómicas en base a parámetros objetivos que establecerá la reglamentación.
El radical santacruceño Alfredo Martínez dijo que “estamos absolutamente de acuerdo en la ampliación de derechos” y agregó que “vamos a seguir apoyando medidas como esta”.
“Es una gran idea el acceso en forma directa a este beneficio”, resaltó Martínez.
Por su parte, el formoseño José Mayans, del Frente para la Victoria, dijo desconocer “quién puede votar en contra de esto” y calificó como “muy oportuna la decisión de la Presidenta” Cristina Fernández de Kirchner de remitir el proyecto al Congreso.
