Gutiérrez consideró esencial la ley de extinción de dominio para combatir el narcotráfico en la Argentina

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El diputado del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, sostuvo que el narcotráfico “es un delito global total y de crecimiento pandémico, y por ende, la estrategia debe ser multilateral para evitar los fenómenos de corrimiento”. Además, reiteró la necesidad de avanzar con el proyecto de Ley de extinción de dominio y repatriación de capitales. 

Ayer, el legislador massista disertó junto a representantes nacionales especialistas en temas de seguridad de otras fuerzas políticas organizado por la Universidad de San Andrés en el marco de un ciclo de conferencias sobre la actualidad argentina, denominado Diálogos San Andrés.

En su disertación, Gutiérrez explicó: “El narcotráfico es un delito global total y de crecimiento pandémico, y por ende, la estrategia debe ser multilateral para evitar los fenómenos de corrimiento”. Y continuó: “Debemos hacer un marco normativo sistémico, que nos inserte en un escudo de protección de defensa internacional. Dentro de este sistema es esencial la ley de extinción de dominio y repatriación de capitales, que se enmarca en las leyes ISIR, de identificación, seguimiento, inmovilización y recupero de capitales apropiados y usados por el crimen organizado transnacional”.

En esta oportunidad, el debate se centró en la problemática del Narcotráfico en la Argentina. Además participaron el Ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, el diputado nacional Francisco De Narváez y Gerardo Milman dirigente del Gen, coordinados por el profesor Alberto Fohrig de la Casa de Altos Estudios.

Gutiérrez, que es integrante del equipo técnico que asesora al diputado nacional Sergio Massa en temas de seguridad y justicia, colaboró con el líder del Frente Renovador en el armado del proyecto que fue presentado en el Congreso Nacional para que el Estado pueda quedarse con el dominio de los bienes asociados al narcotráfico y al lavado de dinero, pero que también alcanza los vinculados con actos de corrupción de funcionarios y de evasión de privados. También extiende la persecución a los activos que heredan los familiares de los condenados y los que se encuentren fuera del país.

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