El Poder Ejecutivo avanza con un anteproyecto para la reforma del sistema penal juvenil

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Será enviado al Congreso, e incluye la baja de la edad para la punibilidad de los menores, a 14 años para homicidios, y a 15 años para los casos de robo calificado con arma de fuego, violación, y secuestro extorsivo.

El Poder Ejecutivo avanza en la definición de un anteproyecto que enviará al Congreso para la reforma del sistema penal juvenil, que incluye la baja de la edad para la punibilidad de los menores, a 14 años para homicidios, y a 15 años para los casos de robo calificado con arma de fuego, violación, y secuestro extorsivo.

“El proyecto está a días de finalizarse para ponerlo a disposición del ministro (de Justicia y Derechos Humanos, Germán) Garvano para su análisis y consultas correspondientes”, reveló a Télam el subsecretario de Política Criminal de esa cartera, Juan José Benítez, integrante de la Comisión que desde hace seis meses elabora el proyecto.

Así lo señaló luego de que, una vez más, el debate en torno a la edad de imputabilidad de los menores quedara ubicada en el centro de la escena a raíz de la detención de un adolescente de 16 años por el crimen de Agustín Bustamante, ocurrido el miércoles pasado en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

En ese marco, el jefe de la policía bonaerense, comisario general Fabián Perroni, expresó su rechazo a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, se manifestó “muy preocupado” por la inseguridad en el distrito, y cuestionó a la Justicia por la liberación de personas con antecedentes penales, a quienes responsabilizó de “la totalidad de las detenciones y los enfrentamientos armados” que afrontan las fuerzas de seguridad.

“Personalmente no (estoy de acuerdo). Creo que hay que trabajar más en los chicos que vienen postergados hace años”, dijo Perroni al ser consultado en radio La Red acerca de su postura respecto de una eventual baja en la edad de imputabilidad a los 14 años.

En tanto, el subsecretario de Política Criminal de la cartera de Justicia coincidió en el diagnóstico sobre el déficit en la presencia del Estado pero dio cuenta de la intención del Ejecutivo de avanzar con un anteproyecto, que, previo al envío al Congreso, será puesto a consideración de los ciudadanos a través de la plataforma online del Programa Justicia 2020.

Entre los lineamientos que incluye esta reforma del sistema penal juvenil, figura una baja en la edad de punibilidad a 14 años para homicidios, lo que implica que el joven “pueda ser sometido a proceso, es decir que se pueda investigar para determinar su responsabilidad en el delito cometido”, pero también que pueda “recibir una respuesta del Estado, acorde a la edad y el delito”, ya sea a través de “sanciones” o de “medidas restaurativas” para su reinserción en la sociedad, luego del cumplimiento de su pena, explicó el funcionario.

Respecto a la pena que puede recibir un menor de 14 años que cometió un homicidio, Benítez dejó claro que “el encierro es la última instancia”, cuando se descartan todas las otras sanciones disciplinarias menores, que pueden ser la indicación de que el joven termine el colegio, o inicie la capacitación para algún oficio, o se aleje de un lugar, o directamente que no pueda ir a un lugar, o que no pueda conducir vehículos, en los casos en que el delito haya sido cometido al conducir.

Otras alternativas intermedias al encierro total son situaciones de privación de la libertad por períodos, por ejemplo los fines de semana, en los que el joven deberá concurrir al instituto, o prisión domiciliaria con monitoreo electrónico o a través de la supervisación de una institución o un referente, indicó el funcionario.

En todos los casos, según el anteproyecto, cada menor tendrá un supervisor que será el que proponga las diferentes estrategias de abordaje para su caso, de acuerdo al grado de madurez del joven, su entorno social y la gravedad del delito que cometió, explicó el funcionario del ministerio de Justicia.

La baja en la edad de punibilidad también alcanza a jóvenes de 15 años que cometan robo calificado con arma de fuego, violación, o secuestro extorsivo, que también tendrá como pena máxima el encierro en institutos.

En el caso de los adolescentes de entre 16 y 18 años, están alcanzados con la pena máxima del encierro aquellos que hayan cometido delitos con pena mayor a dos años, según se explicó.

El anteproyecto, según consignó Benítez, surgió del “consenso mayoritario” dentro de la comisión encargada de la redacción de la iniciativa, de la que participaron distintos sectores, con lo cual expresó su confianza en que, una vez presentado en el Legislativo, avance la discusión en el Congreso.

La comisión para la reforma del sistema penal juvenil arrancó a principios de 2016, con reuniones con Unicef y charlas en la Universidad de Buenos Aires y en distintas provincias. No obstante, en lo referido puntualmente a la baja en la edad de imputabilidad, el organismo de las Naciones Unidas mantuvo su postura en contra de la iniciativa.

En tanto, este año, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, le dio un nuevo impulso al proyecto, y convocó a mesas de trabajo interdisciplinarias, que reunieron a las provincias, organizaciones sin fines de lucro (ONG), legisladores, jueces, fiscales, asesores y defensores de menores, especialistas en el tema, y ministros de Justicia de todas las provincias, según detalló Benítez.

Esta comisión redactora del nuevo sistema penal juvenil trabajó en base a los diferentes proyectos que existían sobre el tema, conscientes de que era necesaria una reforma para una ley de 1980, de plena dictadura militar.

Según Benítez, “la pata fuerte de este trabajo fue la participación de la justicia especializada, es decir de los jueces especiales para la temática juvenil, que aportaron diferentes maneras de resolver los problemas para dar respuestas acordes con la gravedad del delito, y también con la edad”.

Pero, para el funcionario también fue central que se hayan involucrado “agencias del Estado”, y que se hayan contemplado aspectos “socioeducativos, culturales y deportivos” tanto para las sanciones como para facilitar su posterior reinserción en la sociedad.

“Surgió claro del análisis la carencia de la presencia estatal, que fue abordada de diferentes maneras, desde el aspecto socio educativo, cultural y deportivo, con gran participación del ministerio de Educación y Deporte y de Desarrollo Social”, afirmó Benítez.

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