En diferentes operativos relámpago, el Municipio allanó negocios clandestinos, donde se desarmaban y vendían equipos móviles sin habilitación. Se busca desalentar el robo de celulares y su posterior reventa ilegal.

En varios operativos simultáneos, la Municipalidad de San Isidro clausuró negocios que vendían celulares o chips, sin contar con autorización municipal. Además, se secuestraron equipos que no contaban con documentación respaldatoria.

“El robo de celulares se ha transformado en uno de los delitos más asiduos, en muchos casos de manera violenta, por lo que desde hace unos meses hemos solicitado a la justicia que investigue y tome medidas para frenar esta modalidad delictiva”, explicó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

El jefe comunal sanisidrense afirmó que continuarán los operativos y pidió a la Provincia y a la Nación que se arbitren las medidas para combatir un delito que crece cada año: “La explosión de ventas de teléfonos móviles viene acompañada de una industria paralela, abastecida por gente que compra aparatos de dudoso origen. La mayoría de las víctimas son jóvenes, que sufren arrebatos violentos”, enfatizó Posse.

En el país, se registran 6.000 robos diarios de celulares y, según los investigadores, el problema es que las bandas que se dedican a poner en funcionamiento los aparatos robados cuentan con software de última generación, en laboratorios donde los teléfonos llegan para ser “operados”, como se denomina en la jerga.

“Hay que terminar con esta industria ilegal y concientizar a la ciudadanía que comprar teléfonos de origen ilegítimo no hace más que incrementar este círculo delictivo, del que cualquiera puede ser víctima”, concluyó el intendente.

Tras los operativos, el secretario General de Gobierno, Ricardo Rivas, explicó el marco legal de la medida: “Frente a esta problemática de la compraventa de celulares usados, el intendente dispuso dictar el decreto Nº 3.092/2014 que prohíbe la comercialización de equipos, chips y/o terminales móviles de comunicación usados en el ámbito de San Isidro”.

“Esperamos que municipios vecinos también tomen la misma medida, ante la ausencia de iniciativas del gobierno provincial. Esta medida (provisoria) regirá por 120 días hasta tanto el Concejo Deliberante de San Isidro reglamente debidamente la actividad y analice en qué casos se va a permitir la venta de celulares usados”, agregó Rivas.

Sobre el operativo, Roberto Alonso, Director de Inspección General, señaló: “Secuestramos los celulares usados de los negocios. En el caso de aquellos equipos que se pueda mostrar la procedencia serán devueltos y los que no, pasan a la jueza del tribunal de faltas para que investigue el origen y si fueron usados para cometer hechos delictivos”.