El fallo se refiere a un DNU que “ya perdió vigencia”, subrayaron desde el Gobierno

Desde la Casa Rosada aseguraron que el fallo “incorpora el concepto de concurrencia, dice que hace falta un acto concurrente, o sea, un consenso”, y explicaron que “eso acaba de ocurrir” al acordarse por mayoría en el Consejo Federal de Educación los parámetros necesarios para el dictado de clases.

Los ministros de Educación de las provincias, con la excepción de Mendoza y la ciudad de Buenos Aires, se aprobaron un sistema de dictado de clases acorde al nivel epidemiológico de cada región.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales “no aporta nada” desde el punto de vista jurídico, porque refiere a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) “que perdió ya vigencia” y fue reemplazado por otro que “no es una prórroga”, sino distinto, evaluaron fuentes oficiales

El fallo “incorpora el concepto de concurrencia, dice que hace falta un acto concurrente, o sea, un consenso”, señalaron fuentes de Casa Rosada, las que explicaron que “eso acaba de ocurrir” al acordarse por mayoría en el Consejo Federal de Educación los parámetros necesarios para el dictado de clases.

En ese consejo, los ministros de Educación de todas las provincias, con la excepción de Mendoza y la ciudad de Buenos Aires, se aprobó este martes un sistema de dictado de clases acorde al nivel epidemiológico de cada región del país,

Para el Gobierno, “la Ciudad incumplió el DNU” y se preguntó “¿ahora también va a incumplir este acuerdo?”.

Con el fallo “se descuidó el derecho prioritario a la vida”, indicaron los voceros gubernamentales, y remarcaron que la autonomía de un distrito “no significa independencia”.

“La autonomía no está en discusión, nunca lo estuvo, el mismo nombre de la jurisdicción lo dice”, apuntó otra fuente, que refirió que la discusión es si esa condición “es igualadora al estatus de las provincias” porque “es cierto que la Corte, al aceptar el caso, está igualando el estatus de la Ciudad al de las provincias”.

Para el Gobierno, “la respuesta es en el plano de la comunicación, porque el fallo no aporta nada jurídicamente”.

“Es evidente que las medidas tomadas por el presidente (Alberto Fernández) empezaron a mostrar algunos de los resultados que buscábamos”, apuntaron desde Casa Rosada, y consideraron que Juntos por el Cambio “politizó la pandemia” con “comunicados, manifestaciones y boicot de cada una de las medidas”.

Sobre la justicia

En el Gobierno aclararon que la relación con la Corte Suprema “es una relación institucional” y señalaron: “Nosotros tenemos serios cuestionamientos a todo el sistema de Justicia y lo venimos diciendo desde la campaña, así como ya en el Gobierno hemos presentado proyectos que van en esa línea”.

“Hay una excesiva judicialización de la política y una excesiva politización de la Justicia, y esto no excede a la Corte Suprema”, indicaron los voceros.

Según el Gobierno, “la Ciudad se tiene que ajustar a derecho” y “hoy no está ajustada a derecho”.

“La Corte dijo que los criterios se aplicarían a futuro si el DNU se hubiera prorrogado, pero no se hizo eso, el DNU, por ejemplo, no habla de AMBA, habla de métricas, habla de riesgos epidemiológicos”, explicaron.

“Estamos en contra de judicializar las medidas sanitarias”, advirtieron, y subrayaron que “los problemas de la sociedad se tienen que resolver de la manera más armoniosa posible y evitando la judicialización”.

En Casa Rosada están trabajando en el proyecto de ley, para presentar esta semana o la otra, con “características técnicas”, desde el punto de vista de los indicadores, de los rangos y de las sanciones, y “otra parte política” para la generación de acuerdos, “como se manejó siempre el Presidente”, con consultas, diálogos y consensos para tomar medidas, añadieron las fuentes.

“Sobre todas las medidas siempre hay discusiones, lógico, incluso hubo discusiones en su momento por los respiradores, y después los gobernadores feliciitaron la decisión del presidente”, resaltaron desde el Poder Ejecutivo.

“Lo mismo pasó con las vacunas, cuando algunos desde la oposición decían que querían comprar, y cuando les recordamos que eso estaba permitido desde siempre, se dieron cuenta lo difícil que es conseguirlas”, añadieron.

El proyecto va a tener “parámetros objetivos”, que es algo “que la oposición siempre le pidió al Ejecutivo”. Son parámetros que están en el DNU y que siempre estuvieron, “pero la oposición no suele leer las cosas”, remarcaron.

“Nosotros, de esta forma, estamos convocando nuevamente a la oposición al diálogo político. La oposición tiene la posibilidad de sumarse y colaborar. ¿O solo firman comunicados oponiéndose a todo?”.

“El objetivo sigue siendo el cuidado de la salud y las medidas que recomiendan los expertos y el consejo federal de salud”, concluyeron.

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