La Ley de Reforma Política, de cuya sanción por el Congreso Nacional se cumplen este martes cinco años, estableció el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y se consolidó con el tiempo como un eficaz mecanismo que fortalece la vida interna de los partidos y es impulsado por las diferentes fuerzas políticas, incluidas las de la oposición, que votó en contra de su aprobación en 2009.

Las elecciones presidenciales de 2003, las primeras que se celebraron tras la crisis que determinó la renuncia a la presidencia de Fernando de la Rúa, constituyeron una alarma para el sistema de partidos argentino.

En aquella ocasión, las dos grandes fuerzas políticas del país, el justicialismo y el radicalismo, fueron incapaces de presentar candidaturas unificadas y concurrieron a esos comicios con varias propuestas electorales.

Durante los primeros años del kirchnerismo, el debate sobre la necesidad de revisar el sistema electoral y el ordenamiento de los distintos espacios políticos cobró cada vez más fuerza.

El primer antecedente del proyecto que se debatió en el Congreso en 2009 provino desde Santa Fe, donde cinco años antes, y por iniciativa del gobierno del justicialista Jorge Obeid, se derogó la Ley de Lemas y se la reemplazó por un sistema de primarias obligatorias.

En los últimos meses de ese año, el Poder Ejecutivo impulsó la iniciativa y logró su aprobación en un plenario de comisiones parlamentarias.

El proyecto se debatió y se aprobó con modificaciones el 18 de noviembre en la Cámara de Diputados, donde recibió media sanción con 136 votos a favor y 99 en contra, y fue girado al Senado para su aprobación definitiva.

La propuesta recibió algunas modificaciones en Diputados, como la reducción del 3 al 1,5 % del piso de votos que una fuerza debía obtener para participar de una elección y la reducción de 5.000 a 4.000 afiliados que cada partido debía reunir para obtener la personería.

Las objeciones principales que se formularon desde la oposición tuvieron que ver con “el excesivo poder que tendría el Ministerio del Interior a la hora de controlar los comicios”.
En tanto que desde algunas agrupaciones se aseguraba que se trataba de un proyecto que buscaba consolidar el sistema bipartidista.

No obstante, el entonces titular del bloque del Frente para la Victoria en Diputados y actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, saludaba la media sanción al considerar que se trataba de “un proyecto que legitima y fortalece el sistema de partidos políticos”.

“La ciudadanía podrá participar en el proceso de selección de los candidatos en las elecciones internas, con lo cual el peso de los aparatos será menor. Acercará la política a la gente”, estimaba Rossi tras el debate.

Con esos cambios, el Senado debatió y convirtió en el ley el proyecto el 2 de diciembre tras siete horas de sesión y con el voto afirmativo de 42 legisladores y la negativa de 24 representantes de la oposición.

En ambas cámaras, la iniciativa cosechó el rechazo de la UCR, el Acuerdo Cívico y Social, Unión Pro, el peronismo disidente y Proyecto Sur.

Al respecto, el senador radical Gerardo Morales calificaba como “una gran irresponsabilidad” que el gobierno avanzara con un proyecto que no tenía el consenso de las fuerzas de la oposición.

El socialista Rubén Giustiniani se sumaba a las críticas al interpretar que “esta reforma electoral no beneficia a nadie más que al candidato del oficialismo en 2011″.

La normativa estableció la obligatoriedad del voto y que este debía emitirse para un solo partido, al tiempo que se eliminaban las listas colectoras.

Nacían así las PASO, elecciones internas obligatorias y abiertas en las cuales los partidos resolvían sus candidaturas en comicios que se efectuarían con el mismo padrón que se utilizaría en la compulsa general.

Además, se reducían a ocho días antes de las elecciones la prohibición para publicar encuestas y se fijó que cada partido debía tener un apoderado y responsable financiero.

“Cuando se presentó el proyecto, todos los partidos opositores aseguraron que el oficialismo tenía intenciones ocultas, maquiavélicas, que ni siquiera pudieron denunciar bien cuáles eran”, recordó en diálogo con Juan Abal Medina, quien en esos días ejercía como vice jefe de Gabinete de Ministros y hoy es embajador argentino ante el Mercosur y Aladi.

Otro de los aspectos importantes de la Ley es que establecía espacios gratuitos en los medios audiovisuales para que los partidos difundan sus propuestas.

“Ese es un aspecto importante porque garantiza la equidad y le pone un freno a una lógica de mercado que había colonizado las campañas electorales”, consideró en diálogo con esta agencia el director nacional electoral, Alejandro Tullio.

Y en otro orden, agregó: “En las primeras elecciones que se hicieron bajo el sistema de las PASO hubo una participación electoral del 78 por ciento. Esto marca a las claras la alta legitimidad que la ciudadanía le otorgó a la Ley”.

A pesar de las críticas que los referentes opositores formularon a esta reforma al momento de su sanción, de cara al 2015, las PASO brindan la posibilidad de construir alternativas frente al oficialismo.

Una prueba de cómo esta reforma estimuló la creación de nuevas alianzas, se encuentra en el caso de la izquierda, que mediante un frente integrado por PO y el PTS, logró representación en la Cámara de Diputados y otros cuerpos legislativos del país en las elecciones de 2013.