El Estado nacional liberó entre enero y abril a 351 mujeres de las redes de trata que las explotaban sexualmente, lo que representa el 78 por ciento del total de las víctimas asistidas, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

“Del total de las 448 personas asistidas, el 78 por ciento son mujeres mayores de edad, explotadas en el comercio sexual”, detalló un informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Las profesionales del equipo ministerial explicaron que una de las características recurrente es que se trata de madres solteras que “deben afrontar sus responsabilidades en soledad, con condiciones económicas adversas, una situación que profundiza su estado de vulnerabilidad”.

El Programa “rescató, desde el año 2008, a 8.325 personas, lo que equivale a un promedio de 3 víctimas por día, que en el 51 por ciento de los casos se trataba de víctimas de explotación sexual (4.251), mientras que el 49 por ciento restante eran víctimas de explotación laboral (4.047)”, detalló la estadística oficial.

Las propuestas laborales “muchas veces son presentadas como ‘grandes oportunidades’, disfrazadas en avisos engañosos, pero al llegar a destino nada de lo prometido se cumple y comienza la explotación”, señalaron desde el ente estatal.

Los datos revelaron que el 90 por ciento son mujeres mayores de edad, de las cuales el 53 por ciento son extranjeras. En lo que va de 2015, las nacionalidades predominantes de las víctimas son boliviana, paraguaya y dominicana.

Las intervenciones del Programa de Rescate se realizan en el marco de causas judiciales que involucran allanamientos por casos de explotación sexual o laboral, entrevistas en sede judicial o cámara Gesell, acompañamiento y asistencia durante el proceso de declaración testimonial y en reconocimientos fotográfico o en domicilios.

Además, a través de la línea gratuita 145 se reciben denuncias desde cualquier punto del territorio nacional, las 24 horas los 365 días del año, llamados que “son atendidos por profesionales especializados en la temática y pueden realizarse de manera anónima”, resaltó el organismo.

El servicio estatal funciona desde 2008, cuando se sancionó la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.