El Senado debatirá el proyecto para combatir el trabajo no registrado

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La Cámara alta tratará este miércoles el proyecto de ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral que impulsa el Poder Ejecutivo y que cuenta con el apoyo del oficialismo y de varios sectores de la oposición.

 La iniciativa fue presentada hace 15 días por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se estima que beneficiará a casi 300.000 microempleadores.

En ese sentido, la Presidenta detalló que, en el marco del programa, serán destinados en principio 4.150 millones de pesos en beneficios para los empleadores y, de ese monto, “el 65 por ciento” estará dirigido a las “microempresas” para “facilitar la registración” de trabajadores.

La iniciativa fue defendida ante los integrantes de las Comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta por el ministro Carlos Tomada, quien especificó que “está comprobado que existe un 40 por ciento de trabajo no registrado en empresas formales todavía, luego de diez años de cambio de paradigma impulsado por este gobierno”.

“Necesitamos trabajar sobre el sector de empresas formales y competitivas para que esas empresas formalicen el trabajo no registrado”, resaltó el funcionario.

Indicó que la iniciativa también “avanza en establecer estímulos e incentivos a los sectores más débiles, a los cuales debemos ayudar”.

EL PROYECTO

Crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y que incurran en trata de personas para el trabajo forzado.

La iniciativa también crea un Régimen Especial y Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempresas de Menores Niveles de Productividad y Competitividad.

Ese régimen abarca a empresas que tienen hasta cinco trabajadores, que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual.

Para ellas habrá una reducción en las contribuciones patronales  de hasta un 50 por ciento de manera permanente y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART en ese sector.

Las empresas de hasta 15 trabajadores van a tener un régimen transitorio para la creación de nuevos puestos de trabajo que
van a tener una disminución de cargas sociales; en tanto que habrá otra escala para las empresas que tengan entre 17 y 80 trabajadores y más de 80 empleados.

El proyecto obtuvo dictamen rápidamente tras la intervención del ministro Tomada y contó con las firmas de los integrantes el bloque del Frente para la Victoria, pero también del socialista Rubén Giustiniani (aunque en disidencia parcial) y del radical Eugenio Artaza.

Por ello, se descuenta que el Senado sancionará por amplia mayoría el nuevo régimen, ya que cuenta con los votos del oficialismo, de sus aliados y de varios sectores de la oposición, como el radicalismo y UNEN.

El jefe del bloque kirchnerista, Miguel Angel Pichetto, adelantó que “hay apoyo favorable” para la iniciativa, aunque destacó “algunas miradas en disidencia con respecto a la cuestión de las sanciones”.

A su turno, el salteño Rodolfo Urtubey consideró que el proyecto del Ejecutivo nacional es “armónico” porque establece “un sistema de sanciones y promociones”, al tiempo que elogió “la ampliación de los convenios de corresponsabilidad gremial”.

El radical Gerardo Morales, en tanto, reconoció que “el proyecto hace un aporte importante sobre las micro empresas que tienen entre uno y cinco trabajadores”, pero reclamó que “hay que pasar del garrote y la zanahoria que impulsa el gobierno a la promoción y la sanción por incumplimiento”.

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