Está vigente la emergencia eléctrica nacional

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Se publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto 134/2015 por el cual se declara la emergencia del Sector Eléctrico Nacional, -anunciado el miércoles último por el ministro de Energía y Minería,  Juan José Aranguren, que tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.

Establece que el Ministerio de Energía y Minería implementará un programa de acciones que sean necesarias en relación con los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional, con el fin de adecuar la calidad y seguridad del suministro eléctrico y garantizar la prestación de los servicios públicos de electricidad en condiciones técnicas y económicas adecuadas.

Asimismo se instruye a todos los organismos de la Administración Pública Nacional,  incluyendo a los Organismos Descentralizados a coordinar con el Ministerio de Energía un programa de racionalización del consumo en los respectivos organismos u otras medidas que se requieran en sus respectivos ámbitos de competencia.

Se invita a las jurisdicciones provinciales a coordinar con el Ministerio de Energía las acciones de emergencia necesarias para asegurar la prestación de los servicios eléctricos que correspondan a su jurisdicción.

La medida entrará en vigencia hoy, día de su publicación en el Boletín Oficial, y lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del Jefe de Gabinete, Marcos Peña y del ministro de Energía y Minería,  José Aranguren.

En los considerandos expresa no se ha completado la renegociación contractual (con ordenada por la Ley N° 25.561)  y que ello implica “la ausencia de un esquema tarifario que brinde señales hacia un consumo eficiente y racional para los distintos segmentos y tipos de usuarios”.

Asimismo –agrega- los sistemas de remuneración establecidos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a partir de 2003 no han dado señales económicas suficientes para hacer que los actores privados realicen las inversiones que se requieren en el Sistema Eléctrico para permitir el crecimiento necesario de la oferta de energía eléctrica para abastecer el crecimiento de la demanda de dicho servicio.

Pone de relieve  que “el atraso en los niveles de inversión de infraestructura en las redes de distribución de energía eléctrica y la dependencia del abastecimiento en equipos de generación móvil de tipo emergencial, ante condiciones meteorológicas exigentes o ante fallas imprevistas de equipos críticos sin nivel de reserva o redundancia suficiente, resultó en el aumento del número de interrupciones del suministro y su duración, evidenciando un paulatino y progresivo decrecimiento en la calidad del servicio”.

Señala que el Servicio Público de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica bajo Jurisdicción Federal a cargo de las concesionarias Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (Edenor S.A.) y Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (Edesur S.A.) “exhibe una situación caracterizada por la insuficiente adecuación del sistema de distribución a las necesidades de la demanda actual y futura”.

Ello se debe –explica- a diversos factores entre los cuales se destacan “la falta de inversiones suficientes, unida a una deficiente planificación en el ámbito de la distribución de energía que profundizaron los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación acorde a los cambios de hábitos de consumo de la sociedad, así como al avance tecnológico y la intensificación del consumo por el uso de equipamiento eléctrico domiciliario, especialmente sistemas de climatización, incluyendo sustituciones de otras fuentes de energía por el uso de la electricidad”. El resultado ha sido “un progresivo decrecimiento en la calidad del servicio”.

Ejemplifica que los indicadores que reflejan la calidad del servicio público de las distribuidoras exhiben los siguientes resultados: el indicador de frecuencia media de interrupción por usuario correspondiente al 2003 para Edenor S.A. fue de 4,73 interrupciones por año y para el 2014 fue de 9,33 interrupciones por año, en tanto el mismo indicador para Edesur S.A. fue de 3,56 interrupciones por año y de 5,44 interrupciones por año, respectivamente.

En el indicador de la duración media de interrupción por usuario del 2003 para Edenor S.A. fue de 10,19 horas por año y para el 2014 fue de 31,83 horas por año, en tanto el mismo indicador para Edesur S.A. fue de 6,39 horas por año y de 33,07 horas por año, respectivamente.

Estos resultados –agrega- “representan un aumento, para los períodos referidos, del indicador de frecuencia media de interrupción por usuario para Edenor S.A. del 97% y para Edesur S.A. del 53%”.

Advierte que  el riesgo asociado a los equipos de transmisión y transformación del Sistema de Transporte en Alta Tensión, ante imprevistos, meteoros, atentados o fallas que impliquen una afectación potencial significativa al abastecimiento de la demanda, ya sea en forma directa o limitando la capacidad de transporte entre los distintos puntos de la red, existiendo además condiciones de saturación y alta exigencia en algunas regiones en la red troncal, afectan la eficiencia operativa y la calidad del servicio.

También subraya que el nivel de confiabilidad del parque de generación térmica convencional instalada, afectado por su antigüedad y gestión, limita la disponibilidad a valores del orden del 70% de la potencia térmica instalada, por debajo de los estándares internacionales de la industria, requiriendo además trabajos de reparación y mantenimiento que, por el estado de las unidades, insumen mayores recursos económicos.

También advierte que los escasos niveles de reserva operativa en días y horas de alta exigencia por condiciones meteorológicas extremas son menores al 5% de la potencia disponible en el sistema, con el consecuente riesgo de restricciones en el suministro ante hechos imprevistos.

En cuanto a los niveles de reserva del sistema en el mediano plazo dice que “no hay certeza suficiente respecto del ingreso de nuevos equipos de generación y la disponibilidad firme y previsible de recursos primarios, fundamentalmente gas y gas oíl, que actualmente se importan del exterior”.

Deben considerarse también –dice- los riesgos relacionados con las características de la generación instalada en determinados nodos de la red de distribución que es imprescindible para poder abastecer la demanda local, como es el caso de la generación instalada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que incluye equipos de tecnología Turbo Vapor de más de 40 años de antigüedad.

La situación –dice- se ve agravada por los riesgos correspondientes a la logística del transporte de combustibles líquidos, tanto en barcos como en camiones, derivada de situaciones meteorológicas o de conflictos y el nivel de dependencia en el abastecimiento del gas importado, que cubre más del 30% de la demanda total.

También menciona que  el inicio del mantenimiento de larga duración, en enero de 2016, de la Central Nuclear Embalse impedirá disponer de su potencia, dependiendo la totalidad del aporte nuclear de la producción de las centrales nucleares Atucha I y II.

Respecto de la generación hidroeléctrica advierte debe tenerse presente que al no haberse concretado nuevos emprendimientos de ese tipo en los últimos años, su participación en la oferta total de generación del sistema, año a año, es cada vez menor.

Asimismo la situación financiera del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), afectada por un sistema de retribución que no refleja los costos reales de producción y la situación generalizada de deudas de agentes distribuidores con dicho mercado, ha requerido de una transferencia continua de aportes del Tesoro Nacional para hacer frente a ese desbalance, por valores que sólo para el año 2015, superarán la suma de $90.000.000.000, con tendencia creciente.

Por otro lado –agrega-, debe considerarse la necesidad de divisas para el pago de los combustibles importados para dar continuidad al abastecimiento, como también para el sostenimiento de los planes de mantenimiento y finalización y la continuidad de los proyectos en ejecución en los segmentos de generación y transporte.

Es necesaria además –dice- la pronta concreción de proyectos de generación más eficientes que diversifiquen la matriz energética y reduzcan la dependencia del uso de combustibles fósiles.

Pone de relieve que  de las evaluaciones técnicas disponibles surge que la continuidad del abastecimiento eléctrico dependerá del cumplimiento de una gestión precisa de la generación y disponibilidad de combustibles en la oportunidad y condiciones requeridas.

Destaca que resulta necesario coordinar la actuación de los distintos entes estatales, y de las empresas públicas y privadas del sector energético para lograr el abastecimiento de manera adecuada y en caso de ser necesario para tomar las medidas y restricciones operativas coordinadas para minimizar el impacto socio económico y maximizar la eficiencia de las medidas.

Es necesario además –agrega- incorporar equipamiento de control de gestión y sistemas de información asociados que permitan contar con información certera en tiempo y forma, a fin de minimizar los tiempos de comunicación a la sociedad y de reposición del servicio ante eventuales fallas.

También es necesario suministrar información pública transparente y suficiente para comunicar a la sociedad las condiciones de funcionamiento del sistema en forma eficaz.

De lo expuesto –agrega en los considerandos- revela la existencia de una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada, sin que ello represente liberar a las concesionarias de las obligaciones contraídas en sus respectivos contratos de concesión, los que se encuentran plenamente vigentes. Advierte seguidamente que la situación de la que se da cuenta en el presente no es exclusiva de las concesionarias del ámbito de la Jurisdicción Federal.

Finalmente precisa que habiendo evaluado la situación actual y futura del sistema eléctrico resulta necesario adoptar aquellas medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan asegurar el adecuado suministro eléctrico a toda la población del país siendo impostergable declarar el estado de emergencia energética con el objeto de asegurar el estricto cumplimiento, en el ámbito nacional y por parte de todas las empresas y los ciudadanos de las medidas que se dicten en consecuencia.

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