El 85% de los policías bonaerenses que están obligados a presentar la declaración jurada patrimonial de bienes ya realizó ese trámite ante la Escribanía General de Gobierno y Auditoría, informaron fuentes del Poder Ejecutivo de la provincia.

Del total de 6341 policías obligados a presentar las declaraciones juradas -desde subcomisario hasta comisarios generales- ya lo hicieron 5.182, de acuerdo con las fuentes consultadas

“Por día, concurren a la Auditoría entre 20 y 30 efectivos que continúan presentando su declaración. La semana próxima, las autoridades del Ministerio van a empezar a intimar a quienes aún no la presentaron”, precisaron los informantes.

Mediante el decreto 116, del mes de marzo, la gobernadora María Eugenia Vidal estableció la obligatoriedad de que los funcionarios presenten su declaración jurada patrimonial, que tiene carácter público y que alcanza a un total de 55.000 personas, entre ellas la gobernadora, el vicegobernador, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados, subsecretarios.

También contempla a subsecretarios y “todo otro funcionario con jerarquía equivalente, directores provinciales, directores y todo otro funcionario con jerarquía equivalente o superior a director, personal de Gabinete y secretario privado según Ley N° 10.430”.

Además, deben presentarla “el escribano general de Gobierno y el escribano adscripto superior, el asesor general de Gobierno y el asesor ejecutivo, el contador general de la Provincia y el subcontador, el tesorero general de la Provincia y el subtesorero”.

El decreto de Vidal contempla además al fiscal de Estado y los fiscales de Estado adjuntos, los miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo, el personal superior de la Administración Centralizada y Descentralizada, inclusive Empresas del Estado, con jerarquía igual o superior a subdirector o subgerente.

Obliga de igual modo al personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones, compra y recepción de bienes y/o servicios, participe en licitaciones y concursos y todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, entre otros.

La novedad fue, además, que se incluyó a “el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una comisaría”.

Si bien el plazo para dar cumplimiento a la responsabilidad de presentar la declaración jurada era el 6 de junio, Vidal prorrogó la fecha por 60 días.