El diputado nacional por el Frente Renovador, Adrián Pérez, señaló anoche que “los delitos contra la administración pública tienen hoy penas bajas y son excarcelables, por lo que hay que trabajar para una efectiva persecución de los delitos de corrupción”, durante su intervención en el precoloquio de IDEA para la Región NOA, que se desarrolla en la ciudad de Salta. Pérez integró allí el panel “Tutela efectiva de derechos” junto a otros referentes de espacios políticos, quienes expusieron diversas perspectivas de análisis frente a los modos de consolidar la plena vigencia de los derechos reconocidas en nuestra Constitución Nacional.
En su disertación, Pérez destacó que “nuestro país ha sufrido un fuerte proceso de degradación institucional en los últimos años debido a la falta de control sobre los entes públicos, ya que muchos organismos no poseen las competencias necesarias para ejercer de manera efectiva la función de contralor”. Y agregó: “Debemos recuperar organismos de control y la independencia de la Justicia, así como garantizar las vías de acceso a la información pública para que haya transparencia en el Estado. Estas son cuestiones pendientes en la Argentina y desde el Frente Renovador definimos como prioritario trabajar en una agenda de fortalecimiento de la calidad institucional”.
Así, Pérez se refirió a la modificación del Código Penal sobre los delitos contra la administración pública: «Lo que nosotros proponemos es, por un lado la redefinición penal del término funcionario público, conforme estándares internacionales contenidos en la legalidad internacional. Por otra parte, nos parece necesario aumentar los montos mínimos y máximos punitivos previstos actualmente por en el Código Penal actual y fijarlo en más de tres años. Nuestro proyecto contempla agravantes para los casos de funcionarios electos por elección popular y, para los casos en que se trate de personal jerárquico o funcionarios de los organismos de control. Además, se incorpora la figura del arrepentido, a través de la que se permite que aquellas personas que estuvieran involucradas en los hechos punibles pudieran someterse a la justicia denunciado la ilicitud y con ello reducir la punibilidad de sus actos”, detalló.
Por último, el legislador por el Frente Renovador señaló que “es necesario avanzar por el camino de la transparencia en organismos de control y en los entes reguladores de servicios públicos”. «Los directorios de las entidades estatales deberían estar conformados por profesionales idóneos, elegidos mediante un procedimiento en el que se dé a conocer públicamente el nombre de los candidatos, se publiquen sus antecedentes y se otorgue un plazo para formular impugnaciones”, dijo.
