Las distribuidoras de electricidad del área metropolitana, Edesur y Edenor, propusieron hoy en audiencia pública aumentos tarifarios para los clientes residenciales en torno al 31 por ciento, más una actualización estacional vinculada a otras variables macroeconómicas, con el rechazo de las asociaciones de consumidores, usuarios y representantes de sectores productivos y de servicios.

La audiencia, que culminó pasadas las 21.30, fue encabezada el titular del Ente Regulador de Electricidad (ENRE), Ricardo Martínez Leone, coordinada por Javier Corcuera Quiroga y contó con la presencia durante gran parte del día del ministro de Energía, Juan José Aranguren; en una jornada de poco más de 12 horas en el Teatro de la Ribera en el barrio porteño de La Boca.

En medio de un amplio operativo de seguridad similar al utilizado a mediados de diciembre en ocasión de la audiencia pública por la tarifa del gas, las distribuidoras eléctricas propusieron un amento de sus tarifas para 2017 del 30,7% en el caso de Edesur y del 31% en Edenor para los clientes residenciales de menor consumo.

Los aumentos tarifarios permitirán que las distribuidoras sustenten inversiones de $14.000 millones para el caso de Edesur y 25.000 millones para el de Edenor, según plantearon sus representantes que abrieron la audiencia pasada las 9.

El gerente general de Edesur, Juan Carlos Blanco, y el CEO de Edenor, Ricardo Torres, explicaron que el ajuste pedido corresponde a diciembre pasado y se aplicará sólo sobre el 40% que reciben las empresas como valor agregado de distribución (el resto corresponde al costo de la energía mayorista, 35% y a los impuestos, 25%).

Edesur abarca a los clientes del centro y sur de la Capital Federal y 12 partidos del Gran Buenos Aires. En su exposición ante las 563 personas inscriptas, entre oradores y asistentes, Blanco explicó que las alzas promedio propuestas son de 18% para la categoría T1 Residencial; de 38% para la T1 General; de 53% para la T2; y de 40% para la T3.

Las tarifas resultantes para clientes residenciales que consumen 200 kwh van desde $176 hoy a $206, y actualizada, a $228.

El gerente de Edesur dijo que la revisión tarifaria integral del sector permitirá reducir en un plazo de cinco años en 55% la cantidad de cortes de suministro, de 32 horas anuales por usuario en la actualidad, a 14 horas (eran 8 en 2001).

Y puntualizó luego que el objetivo de inversión de la empresa es de $14 mil millones en el próximo quinquenio, lo cual implica pasar de un promedio anual de mil millones en el período 2002-15 a $2.900 millones durante el período 2017-21.

Por su parte, Ricardo Torres, presidente de Edenor, precisó que las tarifas propuestas para los usuarios residenciales de menos consumo, en las que se solicitó un aumento del 31%, deben incorporar un 15% extra si se suman la actualización de costos al presente, mientras para las pequeñas industrias y comercios se solicita un alza de 49% (con 25% más para ajustarlas al presente).

La revisión tarifaria, agregó, permitirá impulsar un programa de inversiones “de una magnitud nunca visto”, por más de $25.000 millones para los próximos cinco años, con el fin de mejorar la calidad de servicio a sus más de 2,8 millones de clientes y acompañar el crecimiento de la demanda de electricidad.

Estas solicitudes de aumentos tarifarios serán consideradas por el ente regulador que en un lapso de 30 días contestará las propuestas e inquietudes formuladas en la audiencia.

A su turno, los representantes de defensorías del pueblo y de entidades de consumidores solicitaron que los aumentos sean graduales, coincidieron en solicitar una tarifa social que unifique a todos los servicios esenciales y pidieron que las distribuidoras paguen las multas por mal desempeño.

Entre las entidades que representan a los usuarios participaron Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), la Liga de Acción del Consumidor (Adelco); la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios (Adecua); Consumidores Libres; Asociación Civil Cruzada Cívica y la Unión de Usuarios y Consumidores, entre otras.

Entre las coincidencias que manifestaron las entidades se destacó la necesidad de asegurar y ampliar la tarifa social, el rechazo a la magnitud de los incrementos propuestos, el reclamo de gradualidad para su aplicación, y el cuestionamiento de la dolarización de las tarifas y su virtual indexación en caso de estar atada a la evolución de la inflación.

Otros puntos planteados fueron la necesidad de atender el contexto social que atraviesa la sociedad argentina con un índice de pobreza de 32 por ciento y una retracción de la economía, y el pedido de que ante los cortes de luz en el verano se implemente la cantidad de cuadrillas necesarias, que se coloquen generadores eléctricos y se distribuya agua potable a los afectados.

A su turno, la defensora del Pueblo de la Nación, María Grosso, dijo que el servicio eléctrico es “pésimo”, propuso que exista un plan de cortes programado y que durante la época de altas temperaturas se distribuya agua potable a los pobladores afectados.

Opinó que el ENRE debe “recuperar” sus funciones de control y dijo que en caso de cortes, las distribuidoras deben reconocer el daño sufrido por los artefactos eléctricos.

A su turno, Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, y de la entidad que nuclea a todos los defensores del país consideró que tanto las empresas distribuidoras de electricidad como el ente regulador del servicio han “fracasado” en su tarea y opinó que los subsidios que oportunamente fueron otorgados a las compañías están sospechados de “corrupción”. “No hay que subsidiar a las empresas sino a los consumidores”, expresó.

“El más claro ejemplo del fracaso son los cortes de luz, que afectan a la población y hacen que los productos de las heladeras de los comercios pierdan su cadena de frío”, describió.

Otra participación destacada de la jornada fue la de la Unión Industrial Argentina que reclamó que no se discrimine a la demanda productiva en la corrección tarifaria del servicio de distribución eléctrica al “hacerle cargar la mayor parte del ajuste”, rechazó los cortos plazos en los que se pretenden aplicar las correcciones y alertó sobre los efectos de los aumentos en la inversión y el empleo.

Así lo planteó esta tarde el Jefe del Departamento de Infraestructura de la UIA, Alberto Calsiano al afirmar: “La energía es un recurso estratégico y la UIA no se opone a un ajuste de tarifas que sea justo y razonable” admitió el representante sectorial al aclarar que “se opone a la discriminación tarifaria por la que se pretende que la industria cargue con la mayor parte de la recuperación del sector” energético.