Se trata de la normativa sancionada en la madrugada de ayer por la Cámara de Diputados y que, entre otras cuestiones, dispone el cambio de sede para pagarle a los bonistas reestructurados que se ven impedidos de cobrar por las acciones del juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitre.

La promulgación de la norma -que tras una maratónica sesión se aprobó por 134 votos a favor, 99 en contra y 5 abstenciones- fue firmada ayer mismo por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y hoy se publicó en el Boletín Oficial a través del decreto 1577/2014.

La ley declara de “interés público” la reestructuración de la deuda soberana realizada en 2005 y 2010, “así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los tenedores de títulos”, y apunta a “preservar el cobro” por parte de los bonistas.

Asimismo, tiene por objeto “implementar instrumentos legales” para pagar “ante la ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos pagados por la República Argentina con fecha 26 de junio de 2014, dispuesta por órdenes judiciales dictadas por la Corte de Distrito Sur de la ciudad de Nueva York en el marco de la causa NML Capital Ltd. et al v. Republic of Argentina”.

Esas órdenes, añade la normativa, “resultan de imposible cumplimiento, y violatorias tanto de la soberanía e inmunidades de la República Argentina como de los derechos de terceros”.

Por eso y tras instruir a la autoridad de aplicación para que remueva al Bank of New York Mellon (BoNY) como agente fiducidario, designa para esa función a Nación Fideicomisos S.A.

En ese marco, la ley de pago soberano de la deuda dispone la creación de una cuenta especial de Nación Fideicomisos S.A. en el Banco Central de la República Argentina, “cuyo objeto será mantener en fiducia los fondos allí depositados y aplicarlos al pago de los servicios de deuda correspondientes a los títulos regidos bajo el Convenio de Fideicomiso 2005-2010”.

Luego, indica que “en caso que con motivo de la ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los servicios de los títulos reestructurados no regidos por ley y jurisdicción argentina, sus tenedores optaren —en forma individual o colectiva— por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos”, se autoriza a instrumentar un canje por nuevos títulos públicos, regidos por legislación y jurisdicción local o regidos por legislación y jurisdicción de Francia.

Para el 7,6 por ciento de los bonistas que no ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010, la norma también contempla un nuevo canje y la apertura de una cuenta especial de Nación Fideicomisos S.A. en el Banco Central, “en virtud de la buena fe de la Nación Argentina, y de su voluntad y capacidad de pago en condiciones equitativas para todos sus acreedores, según la interpretación convencional y generalmente aceptada del término pari passu”.

Finalmente, la ley crea en el ámbito del Congreso la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que estará compuesta por ocho senadores y ocho diputados que serán designados a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.

De acuerdo a lo establecido en el texto de la normativa sancionada, la Comisión Bicameral “tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar”.