Vidal y Rodríguez Larreta en el ojo de la tormenta por la falta de control de los talleres clandestinos

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La vicejefa del Gobierno, el jefe de Gabinete, y otros funcionarios porteños fueron denunciados penalmente por el legislador Gustavo Vera por la muerte de dos niños en un taller textil clandestino incendiado en Flores, mientras que la CTA pidió la renuncia de los responsables y la Auditoría General de la Ciudad informó falta de controles y dilaciones del área de Trabajo.

“Presentamos una denuncia por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario y encubrimiento contra Vidal, Rodríguez Larreta, el subsecretario de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ezequiel Sabor, y el director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión”, confirmó a Télam Lucas Schearer, de la organización La Alameda.

La denuncia, realizada por el legislador y titular de La Alameda, Gustavo Vera, fue radicada en el Juzgado Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres, y en la Fiscalía N°2 de Carlos Rívolo.

Según Vera, “Vidal y Rodrí­guez Larreta estuvieron abiertamente, como altos funcionarios del gobierno porteño, diciendo que jamás tuvieron conocimiento de este taller, y documentos del gobierno de la ciudad que dictan todo lo contrario”.

El documento al que hace referencia el legislador es la nota con fecha del 21 de noviembre de 2014 en la que el gobierno de Mauricio Macri informaba a la Justicia que “no se registran inspecciones en materia de Higiene y Seguridad” en una serie de domicilios, entre ellos el de Páez 2796 en el barrio de Flores, donde el lunes murieron dos niños en un incendio.

De esa manera el Ejecutivo porteño respondió a un pedido de informes solicitado por la Procuradurí­a de Trata y Explotación de Personas (Protex), entidad a la que La Alameda pidió en septiembre pasado que se investigaran alrededor de 40 direcciones donde podían funcionar talleres textiles clandestinos.

“La falta de reglamentación de la ley 3.019, que permitiría regular la actividad de estos talleres, combinado con la falta de control, demuestran cuál es la intencionalidad de política pública”, aseguró por su parte Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría General de la Ciudad (AGC) de Buenos Aires.

La Dirección General de Protección del Trabajo porteña, a cargo del control, demora “hasta 920 días en expedirse sobre las actas de inspección realizadas”, señala un informe de la Auditoría al que tuvo acceso Télam.

En este sentido, el reporte asegura que “de las 48.800 inspecciones programadas, sólo se hicieron 35.805 (un 25 por ciento menos)”.

“El cuerpo de inspectores cuenta sólo con 109 agentes (42 por ciento de su personal). Teniendo en cuenta los días laborables por año, la cifra de 35.805 inspecciones es, al menos, llamativa ya que estaríamos hablando de muchas inspecciones por día”, detalló Segura en diálogo con Télam.

En cuanto a la efectividad de las sanciones, el mismo informe señala “tanto la falta de actualización de los valores (que datan del año 1999) como tardanzas excesivas en el proceso para la aplicación de las penalidades”.

Por su parte, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) pidió hoy la renuncia del titular de la Dirección de Protección al Trabajo porteño, Fernando Macchi, por considerarlo “responsable” de la explotación laboral en talleres clandestinos y adelantó una movilización para el 7 de mayo a la Subsecretaría de Trabajo.

“La Dirección que tenía que controlar que este tipo de situaciones no ocurriera fue desmantelada”, manifestó el titular de la central gremial Hugo Yasky, en una conferencia de prensa realizada en la sede de la CTA.

A su turno, el titular de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Cristian Miño, reivindicó que “los trabajadores en cualquier lugar y específicamente en la Ciudad de Buenos Aires puedan tener las condiciones que corresponden”.

“Estamos a favor de cerrar todos los talleres clandestinos pero somos conscientes que los trabajadores no son los responsables de esto y tenemos que impulsar un sistema para que se puedan convertir en cooperativas de trabajo”, añadió.

En tanto, legisladores porteños de distintos partidos políticos elevaron al menos seis pedidos de informes a la Administración conducida por el PRO para conocer las inspecciones efectuadas al taller textil de Flores que se incendió, donde murieron dos niños, y las denuncias sobre la existencia de trabajo esclavo en el lugar.

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