Una serie de medidas que apunta al diseño de intervenciones y acciones que garanticen una respuesta policial y judicial idónea, inmediata, oportuna y exhaustiva frente a episodios de violencia contra las mujeres, fue presentada por el secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, al equipo técnico especializado del ministerio de Seguridad, en el marco de una investigación realizada por el Observatorio de Violencia de Género (OVG).
“La Defensoría apoya e impulsa las iniciativas que permitan crear las condiciones necesarias para que las mujeres puedan utilizar el sistema de administración de Justicia para reparar los actos de violencia sufridos y puedan recibir un trato digno por parte de los funcionarios públicos”, destacó Honores.
Es por eso que los organismos generaron el compromiso de impulsar la creación de protocolos de articulación entre el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad para garantizar la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.
Estos deberán establecer criterios claros para la recepción de denuncias, asegurar la celeridad de los plazos, los mecanismos de elevación y su correcta remisión a las jurisdicciones correspondientes, y prever las pautas necesarias para fomentar elementos comunes de intervención, procedimiento e interpretación que preserven a la víctima y eviten instancias de revictimización.
En esa línea, la Defensoría también motoriza la incorporación de agentes y profesionales especializados en el abordaje de la violencia de género, en todas las unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
“Es necesario contar con un equipo interdisciplinario en sede policial que permita a la víctima tener un tratamiento integral, contención psicológica y asesoramiento jurídico para saber cómo continuar la denuncia”, explicó Honores.
“La correcta evaluación e identificación de las situaciones de riesgo de las víctimas, así como el establecimiento de intervenciones efectivas, son esenciales para prevenir modalidades de violencia extrema como el femicidio”, aclaró la coordinadora del Observatorio, Laurana Malacalza.
Sumado a ello, el OVG propuso la creación de un registro de actuaciones y notificaciones que permitan mejorar la comunicación entre las fuerzas policiales y el Poder Judicial, y agilizar los tiempos desde que la mujer hace la denuncia hasta la implementación de medidas de protección para ella y sus familiares.
Dentro del paquete de medidas, se plantea la incorporación de un mapa que identifique las zonas donde existen medidas de protección, a fin de que el sistema 911 y las comisarías o la policía local tomen conocimiento de su existencia y garanticen su vigencia y cumplimiento.
Siempre en plan de acelerar la llegada de los móviles, el OVG propone que los Comandos de Prevención Comunitaria estén cumpliendo funciones de rondín en caso de ser ordenados como medida de protección por los órganos jurisdiccionales en casos de violencia familiar.
Esta presentación corresponde al trabajo que realiza el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría y su compromiso para cooperar con otros organismos del Estado en la mejor implementación de los estándares internacionales y nacionales de acceso a la justicia de mujeres en contextos de violencias.
Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Raúl Fernández; la auditora general de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense, Viviana Arcidiácono; y el secretario de Coordinación Jurídica y Técnica de la Defensoría, Fernando Pantín.
